Por Dr. César Gilabert
La manifestación del miércoles 29 de octubre, organizada por la Universidad de Guadalajara en defensa de sus derechos y contra la miopía del gobernador Emilio González Márquez, instaló a Jalisco en la modernidad política, por lo demás sigue siendo una entidad federativa sumida en un dilatado letargo conservador, por decir lo menos.
Las discrepancias entre el gobierno estatal y la UdG son más complejas y más graves de lo que puede verse a primera vista, puesto que, en fin de cuentas, el conflicto aterrizó en una cuestión contante y sonante de un presupuesto que corresponde a la universidad (una cifra que rebasa los 700 millones de pesos), y que el gobernador, mediante diferentes ardides y argucias, no ha entregado a su genuino destinatario, a fin de que la universidad cumpla con su encargo social de procurar una educación superior de calidad.
El monto en cuestión es considerable y se ha ido engrosando conforme avanza el régimen de Emilio. Quiere decir que no es un asunto coyuntural, un problema de caja, sino una voluntad política deliberada que ahonda la confrontación de un modelo de universidad pública y democrática frente a una visión de corte neoliberal que apuesta a la privatización de la educación superior, lo que en el fondo contrapone dos modelos de nación: uno, de cariz popular, participativo, en pos de la equidad de oportunidades que nos sacará de la pobreza; mientras el otro, confía en las fuerzas del mercado y, en el fondo, defiende los privilegios, pregona la selectividad y la exclusión. De estas disyuntivas surgen dilemas éticos que sobrepasan el entendimiento del gobernador, quien, de hecho, opera como un agente de esas tendencias neoliberales sin siquiera saberlo. Por lo tanto, sus argumentos en esta arena son limitados y sus estrategias son igualmente pedestres. Algo que resultó evidente en el manejo de los medios de comunicación que cubrieron las noticias del día de la marcha. El encubrimiento fue burdo, basado en la manipulación y el silencio, como si la marcha de centenas de miles de universitarios fuera cosa de todos los días o no fuera nada. El control de los medios oficiales produjo una parodia deslucida de la movilización de la UdG; el grueso de las notas y entrevistas que pasaron al aire favorecían al gobierno y, a la vez, ridiculizaban a los estudiantes, como si todos fueran acarreados e ignorantes.
Por contraste, la nutrida manifestación fue ordenada, estridente y limpia, por lo que las fuerzas de orden que la custodiaban no tuvieron necesidad de intervenir. No hubo grafiti, vidrios rotos ni ningún otro rasgo de violencia, vandalismo o anarquía, a pesar de que la participación fue tumultuaria y las plazas estuvieron al tope durante varias horas. Es verdad que no todos los estudiantes tenían el mismo nivel de información sobre los factores del conflicto, algo imposible si hablamos de alrededor de 90 mil manifestantes. Precisamente, para eso sirven los profesionales de la política, a quienes se les paga para que se encarguen de estos asuntos, mientras los demás nos dedicamos a realizar cosas más importantes, como son los asuntos propios, llámese estudiar y formarse como profesionales; o ejerciendo la docencia e investigación como vocación de vida.
Pero lo que en los ciudadanos es una virtud (ocuparse de la esfera privada), en los políticos es una perversión. Es decir, el político que únicamente se desempeña motivado por consolidar su posición personal, no sólo comete una desviación ética, sino que su proceder tarde o temprano deriva en abuso, prepotencia, tráfico de influencia, corrupción o simplemente en incompetencia; este último es un atributo en el que Emilio se ha destacado, como se sigue de su peculiar forma (arbitraria e indiscriminada) de manejar el erario, de allí sus cuestionadas donaciones a la iglesia y sus concesiones a Televisa, cedidas con el pretexto de la promoción turística de Jalisco, y sobre todo por su manera de gastar cantidades ingentes de dinero en la promoción de su persona.
Independientemente de las consecuencias prácticas de la marcha (me temo que ni una movilización de esta envergadura será suficiente para revocar la impertinencia del gobernador), quiero destacar el inusitado valor simbólico de la marcha: fortaleció el espíritu de corpus de la comunidad, dando vida a un acto cívico que congregó a cerca de la mitad de los matriculados en la UdG. El enorme valor de este ejercicio ciudadano, incluso, lo emparenta con la recuperación de los espacios públicos por parte de los estudiantes en aquel lejano 1968, cuando por primera vez la incipiente sociedad civil condujo una marcha al Zócalo, hasta entonces un territorio que había sido expropiado por el establishment en beneficio del presidente en turno. Las marchas oficiales se caracterizaban por esas mantas que rezaban: ¡Gracias, señor presidente! El miércoles pasado se llenó el espacio público para reclamar no sólo un presupuesto etiquetado, sino para exigir respeto. Fue como un despertar, un comienzo.
